Redacción.
En un avance significativo dentro del proceso judicial que ha conmocionado al Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha formalizado su petición de condena para Carlota “N” y sus hijos, implicados en un violento altercado en el municipio de Chalco.
Las peticiones de la Fiscalía
La severidad de las penas solicitadas refleja la gravedad de los delitos imputados, que incluyen homicidio y lesiones agravadas. El desglose de la sentencia solicitada es el siguiente:
- Carlota “N” (Denominada en redes como la “Abuelita asesina”): 140 años de prisión.
- Hijos de Carlota “N”: 210 años de prisión para cada uno.
La fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y ejecutado con un nivel de violencia que justifica estas penas acumulativas, buscando sentar un precedente de justicia para las víctimas y sus familiares.
La defensa: El argumento de la “Legítima Defensa”
A pesar de la contundencia de la fiscalía y la viralización del caso en redes sociales, la familia de los acusados mantiene una postura firme. Según los abogados defensores y allegados a la familia:
- Protección del hogar: Alegan que la familia actuó en respuesta a una agresión previa y que su intención no fue iniciar un conflicto, sino defender su integridad y propiedad.
- Contexto del conflicto: Argumentan que existen matices no mostrados en los videos virales que probarían que Carlota “N” y sus hijos fueron provocados o atacados primero.
Impacto Social
El caso ha generado un intenso debate en plataformas digitales. Mientras que el apodo de la “abuelita asesina” se volvió tendencia para condenar los actos de Carlota “N”, otro sector de la población cuestiona si las penas solicitadas son proporcionales o si el sistema judicial está ignorando el derecho a la defensa propia.
Dato Clave: Las sentencias en el Estado de México pueden llegar a cifras tan elevadas debido a la sumatoria de agravantes por cada víctima involucrada en un mismo evento delictivo.
El proceso continúa en los juzgados correspondientes, donde se determinará si las pruebas de la fiscalía son suficientes para aplicar estas condenas o si los argumentos de legítima defensa logran reducir la responsabilidad penal de los implicados.
Defendía su propiedad