Por Fernando P.
El rescate del Lago de Guadalupe no es solamente una obra de infraestructura hidráulica: es, en esencia, una apuesta política, ambiental y social por reconciliar al Valle de México con su propia historia hídrica. En una región donde el agua escasea cada vez más, recuperar un cuerpo de agua que tiene raíces desde épocas prehispánicas representa también un acto de memoria y de responsabilidad con el futuro.
Durante siglos, este lago fue transformándose. La construcción de la presa permitió controlar inundaciones en zonas aledañas, pero también marcó el inicio de una relación utilitaria con el entorno. Con el paso del tiempo, el abandono institucional, las descargas contaminantes y la proliferación del lirio acuático convirtieron al lago en un símbolo de deterioro ambiental. Más de cuatro décadas de desinterés gubernamental lo relegaron a convertirse en un “elefante blanco”: un proyecto mencionado, prometido y postergado, útil más como discurso que como solución.
Hoy, el panorama parece distinto. La coordinación entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, encabezados por administraciones afines al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, ha colocado nuevamente al Lago de Guadalupe en el centro de la agenda pública. La inversión anunciada de 2,700 millones de pesos no es menor, y apunta a un objetivo ambicioso: convertir este cuerpo de agua en una fuente viable para la potabilización y abastecimiento de municipios del Valle de México hacia 2030.
El reciente recorrido encabezado por el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, donde se mostró un lago libre de lirio acuático, no es un detalle menor. Durante años, esta planta invasora fue uno de los principales obstáculos para cualquier intento serio de rescate. Su erradicación envía una señal clara: el proyecto ha dejado de ser retórico y comienza a materializarse.
Sin embargo, el optimismo debe ir acompañado de vigilancia ciudadana. El verdadero reto no solo es limpiar el lago —aunque ya es un avance significativo—, es fundamental garantizar que los procesos de potabilización, la construcción y operación de plantas, así como el control de descargas contaminantes, se mantengan en el largo plazo. La historia reciente del país está llena de proyectos que iniciaron con fuerza, pero que se diluyeron por falta de seguimiento o mantenimiento.
En ese sentido, uno de los argumentos más recurrentes a favor del actual gobierno federal ha sido su capacidad para concluir obras emblemáticas, particularmente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esa narrativa será puesta a prueba nuevamente con el Lago de Guadalupe. No basta con iniciar: es indispensable terminar, y más aún, garantizar que funcione.
El rescate del lago también tiene un componente simbólico poderoso. Durante décadas, fue un espacio de convivencia familiar, un sitio recreativo donde generaciones enteras acudían a pasar el día de campo, en contacto con la naturaleza. Su deterioro no solo representó una pérdida ambiental, sino también social. Recuperarlo implica devolverle a la comunidad un espacio de identidad y encuentro.
Hoy, la posibilidad de ver renacer uno de los lagos más importantes del Estado de México está sobre la mesa. Pero ese renacimiento no debe medirse únicamente en litros de agua potabilizada, sino en la capacidad de construir un modelo sostenible, donde el desarrollo urbano no vuelva a imponerse sobre el equilibrio ecológico.
El Lago de Guadalupe puede convertirse en un ejemplo nacional de recuperación hídrica o en una oportunidad más desaprovechada. Todo dependerá de que el impulso actual no se diluya, de que la inversión se traduzca en resultados tangibles y de que la ciudadanía mantenga la exigencia activa.
Por ahora, el proyecto avanza. Y si el viento sigue soplando a favor, como hasta ahora, el Valle de México podría estar ante una de las transformaciones ambientales más relevantes de las últimas décadas.