Por Manuel J.
CIUDAD DE MÉXICO – El Gobierno de México manifestó su enérgico rechazo al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal calificó el documento como “tendencioso y falto de rigor jurídico”.
Los argumentos del rechazo
La postura oficial de México se fundamenta en tres ejes principales, argumentando que el organismo internacional ha ignorado el contexto actual del país:
- Exceso de mandato: El gobierno señala que el CDF “excede” sus funciones al ampliar indebidamente la definición técnica de desaparición forzada.
- Omisión de avances: Se critica que el informe no toma en cuenta las políticas implementadas desde 2018, ni los logros institucionales registrados desde 2019 y consolidados en 2025.
- Falta de objetividad: La administración sostiene que las premisas del comité no reflejan la realidad actual, desestimando las observaciones y actualizaciones presentadas previamente por el Estado mexicano.
“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, sentenció de forma tajante la administración federal.
Escalada internacional ante la Asamblea General
El conflicto diplomático surge tras la decisión del Comité de solicitar a António Guterres, secretario general de la ONU, que remita de manera “urgente” la situación de México a la Asamblea General. El objetivo de esta medida es buscar que la comunidad internacional considere mecanismos de apoyo para que el país logre prevenir, investigar y erradicar estos crímenes.
A pesar del rechazo al informe, México reiteró que mantiene una política de puertas abiertas a la cooperación técnica internacional, siempre y cuando el diálogo se base en datos que coincidan con la situación actual del territorio.