Por Manuel J.
ACAYUCAN, VERACRUZ.— Una tragedia envuelta en sospechas de negligencia oficial y encubrimiento político sacude al sur de Veracruz. La familia de Kattia Josselyn Bartolo Luis, una joven de 26 años que trabajaba como cajera en la caseta de cobro de CAPUFE en Acayucan, exige justicia tras su muerte súbita el pasado 25 de marzo, presuntamente tras consumir un dulce entregado por un transportista.
A pesar de las evidencias presentadas por los deudos, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido señalada de intentar dar “carpetazo” al asunto para no afectar la imagen pública de la actual administración estatal encabezada por Rocío Nahle.
Cronología de una muerte sospechosa
Los hechos, captados en parte por las cámaras de seguridad de la caseta, ocurrieron durante la madrugada del martes 25 de marzo de 2026:
- 00:00 horas: Un conductor de tráiler, tras pagar su peaje, le obsequia dos chocolates a Kattia.
- 03:28 horas: La joven consume un pedazo de uno de los dulces. Minutos después, reporta por interfón a una compañera sentirse “acelerada”.
- 04:01 horas: Kattia solicita relevo debido a un intenso dolor en el pecho y agitación.
- Minutos después: Al salir de su cabina, la joven pierde el habla, comienza a convulsionar y presenta espuma blanca en la boca. Fue trasladada al Hospital Civil de Oluta, donde ingresó ya sin signos vitales.
Contradicciones y el “factor político”
La familia de la víctima, encabezada por su padre, el señor Sergio Bartolo Morales, denuncia que la FGE ha cambiado la versión de la causa de muerte en tres ocasiones: primero un derrame cerebral, luego un padecimiento congénito y finalmente un paro cardiaco derivado de un Accidente Cerebro Vascular (ACV).
Sin embargo, los deudos sostienen que el ACV pudo ser provocado directamente por una intoxicación. Ante la negativa de las autoridades de investigar a fondo, la familia realizó un peritaje independiente en un laboratorio particular.
“El chocolate que analizó la Fiscalía era el que mi hija no mordió. Nosotros mandamos analizar el otro y el resultado fue alarmante: sí estaba contaminado con una sustancia“, denunció Bartolo Morales.
La indignación crece ante los testimonios que sugieren que la orden de la Fiscal General, Lizbeth Aurelia Jiménez, ha sido “no meter ruido” con notas rojas para evitar empañar la gestión de la gobernadora Rocío Nahle. Según la familia, la perito a cargo, Mónica Hernández, se ha negado sistemáticamente a rastrear el tráiler involucrado, a pesar de que la unidad ya está plenamente identificada por el número económico y las cámaras de vigilancia.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, ni la oficina de la Gobernadora ni la Fiscalía General del Estado han emitido un pronunciamiento oficial ante las acusaciones de encubrimiento. La familia Bartolo Luis ha advertido que, de no reabrirse la investigación por homicidio y envenenamiento, acudirán a instancias internacionales para evitar que la muerte de Kattia quede en la impunidad bajo el sello del olvido oficial.