- El gobierno municipal destinará cerca de 15 millones de pesos para saldar créditos fiscales con el SAT que la administración saliente omitió en el proceso de entrega-recepción.
Por Ulises M.
CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México.— El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli alistará una denuncia formal por daño al patrimonio público tras detectarse un severo rezago en las obligaciones fiscales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Operagua).
Para evitar un colapso financiero y operativo en el suministro de agua, la administración local aprobó la transferencia de 14 millones 837 mil 696 pesos provenientes del presupuesto municipal, monto que cubrirá el 75% del adeudo total acumulado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El 25% restante será asumido directamente por las arcas del organismo de agua para saldar el saldo, el cual supera los 19 millones de pesos.
Omisiones de la administración saliente
El presidente municipal, Luis Daniel Serrano Palacios, dio a conocer que la acción legal por daño patrimonial se ejecutará inmediatamente después de concretar el pago a la autoridad fiscal. El edil enfatizó que durante el proceso oficial de entrega-recepción, las autoridades salientes omitieron notificar sobre la existencia de estos créditos fiscales pendiente de pago.
Por su parte, la primera síndico, Mary Barboza, detalló la magnitud del quebranto financiero:
- Origen de la deuda: Corresponde a ocho créditos fiscales acumulados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) no enterado oportunamente.
- Incremento por mora: Debido a la omisión recurrente de pagos en el periodo anterior, la suma global del adeudo creció más de un 300% por la acumulación de recargos y actualizaciones.
Riesgo operativo y financiero para el municipio
La intervención financiera de la alcaldía busca frenar la bola de nieve presupuestal. El gobierno municipal advirtió que mantener la omisión ante el SAT habría derivado en la imposición de multas adicionales, recargos continuos e incluso la congelación de cuentas bancarias de Operagua, comprometiendo directamente la capacidad técnica para dar mantenimiento a las redes de agua y drenaje de la demarcación. Con el acuerdo salarial y la denuncia en marcha, las autoridades locales prevén dar carpetazo a las posibles sanciones tributarias e iniciar el deslinde de responsabilidades penales y administrativas contra los exfuncionarios involucrados.