Por Fernando P.
CIUDAD DE MÉXICO. — El problema de los despojos, invasiones de inmuebles y desahucios irregulares en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México continúa al alza. Tras los sonados casos que encendieron las alarmas en la opinión pública —como el de Doña Carlota o el reciente despojo en Cerrada Matías Romero 18, en la colonia Del Valle—, una constante ola de denuncias evidencia la operación reiterada de grupos dedicados a apoderarse ilícitamente de propiedades.
El episodio más reciente tuvo lugar en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a ocho personas señaladas por irrumpir violentamente en una vivienda.
El operativo se desencadenó tras un reporte del C2 Poniente sobre un grupo de personas que extraía muebles, bolsas y enseres domésticos de un inmueble para dejarlos tirados en la vía pública. Al arribar al sitio, los uniformados fueron abordados por una inquilina de 26 años, quien denunció que los sospechosos ingresaron por la fuerza a su habitación para expulsarla y apoderarse de sus pertenencias.
Ante la flagrancia y el testimonio de la afectada, la policía capitalina aseguró a una mujer de 52 años y a siete hombres de entre 19 y 59 años. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal e iniciar las carpetas de investigación correspondientes.
Según informó la SSC, esta acción responde al protocolo de atención inmediata contra el delito de despojo, una estrategia que busca frenar la proliferación de la “okupación” ilegal y devolver la certeza jurídica a los habitantes de la capital y sus zonas conurbadas.
Contexto: ¿Qué está pasando con los despojos en la CDMX y el Edomex?
La problemática del despojo de inmuebles en la Zona Metropolitana del Valle de México responde a una combinación de factores delictivos, económicos y vacíos legales que se han agudizado en los últimos tiempos:
- Modus operandi estructurado: Ya no se trata únicamente de hechos aislados. Detrás de muchos casos existen grupos organizados —algunos vinculados a mafias inmobiliarias o falsos gestores sociales— que ubican viviendas desocupadas, inmuebles con juicios testamentarios pendientes o propiedades habitadas por adultos mayores para irrumpir por la fuerza o mediante violencia psicológica.
- Falsificación de documentos: Es habitual el uso de contratos de arrendamiento apócrifos, escrituras alteradas o supuestos juicios de embargo para simular legalidad al momento de la invasión y entorpecer la acción policial inicial.
- Vulnerabilidad de sectores específicos: Inquilinos jóvenes, personas de la tercera edad y propietarios que no residen en sus inmuebles se han convertido en los blancos principales de estas agrupaciones.
- Presión y respuesta institucional: El incremento exponencial de denuncias ha forzado a las autoridades de la CDMX y el Estado de México a endurecer la respuesta policial mediante células de reacción rápida del C2 y C5, además de promover reformas que agilicen la restitución de inmuebles a sus legítimos dueños o poseedores legales.