Por Ulises M.
Durante décadas, los informes y rankings de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han sido presentados como el estándar absoluto de la evaluación educativa. Sin embargo, resulta imprescindible cuestionar la naturaleza de este organismo y los intereses que realmente defiende. La OCDE no opera como una entidad filantrópica dedicada al desarrollo integral de la niñez; es, en su esencia, un foro económico diseñado para calificar a las naciones y determinar cuáles son aptas para la inversión capitalista. Bajo esta lógica, el estudiante no es visto como un sujeto de derechos o un ciudadano en formación, sino como un insumo de capital humano destinado a abastecer el mercado laboral.
En el modelo de evaluación tradicional de la OCDE, la habilidad lectora o el pensamiento lógico no se miden para enriquecer la vida del individuo o fomentar su espíritu crítico, sino para garantizar que la futura fuerza de trabajo sea capaz de seguir instrucciones precisas durante jornadas laborales de ocho horas. Este enfoque utilitarista hunde sus raíces en la era neoliberal, una época en la que la educación se despojó del civismo, la historia y la identidad nacional para subordinar la enseñanza a las exigencias corporativas. No es coincidencia que la propia OCDE haya estado encabezada durante 15 años por figuras del esquema neoliberal mexicano, como José Ángel Gurría, actor clave en las transformaciones económicas de la década de 1990.
Frente a esta visión mercantilista, los cambios recientes en la educación pública mexicana representan un giro conceptual profundo, no un retroceso. El paradigma actual busca desplazar la obsesión por las cifras para priorizar un entorno educativo donde el bienestar emocional, la empatía y la conciencia social sean el eje central. La meta no es moldear empleados sumisos para esquemas de salarios desiguales, sino formar ciudadanos conscientes, éticos y comprometidos con el bienestar común.
Solo recordemos cuando la OCDE decía en sus encuestas que el mexicano trabajaba más, ganaba menos y aun así era feliz representó una de las mayores distorsiones estadísticas y discursivas de la política económica en México. Más que un diagnóstico social, la frase operó durante décadas como una herramienta de contención ciudadana para justificar la precariedad laboral.
La narrativa utilizaba los índices de “satisfacción con la vida” de la OCDE para romantizar la explotación. Reducir la resiliencia y los lazos comunitarios del mexicano a un simple “es feliz trabajando duro” sirvió a diversos gobiernos para maquillar realidades profundas:
- Miseria salarial como política pública: Justificó incrementos al salario mínimo tan insignificantes —como los infames aumentos de tres pesos en periodos inflacionarios— argumentando que el país mantenía su “población satisfecha” sin necesidad de grandes reformas laborales.
- Competitividad basada en mano de obra barata: Vendió a México al exterior no por su innovación o productividad, sino por ser una maquila masiva donde la fuerza laboral era barata, abnegada y poco dada a la protesta.
- Amortiguador ante las crisis sexenales: Tras los colapsos económicos al final de cada sexenio, se apeló a la “felicidad” y paciencia del trabajador para amortiguar el descontento social, desviando la responsabilidad del Estado hacia el esfuerzo individual.
La estadística de felicidad no invalidaba el descontento; lo invisibilizaba. Confundir la capacidad de sobrellevar la adversidad con la aceptación de la injusticia salarial fue el mecanismo perfecto para postergar las reformas estructurales que el mercado laboral exigía. Por ello, la educación en México necesita enfocarse en reducir la violencia estructural y prevenir las adicciones que aquejan al país; aunado a restablecer el sentido de comunidad y el respeto por la vida, aspectos que fueron relegados cuando la educación se limitó a formar técnicos para la producción. Politizar los resultados de evaluaciones estandarizadas solo evidencia el interés por estigmatizar al sistema educativo público. La verdadera calidad educativa no se mide por la posición en un ranking financiero internacional, sino por la capacidad de generar seres humanos integrales, empáticos y libres.