Por El Ahuizote
La reciente colocación de la primera piedra de la autodenominada Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no es simplemente un evento protocolario de cooperación regional: es un síntoma alarmante de la persistencia de una visión colonial y subordinada de ciertos sectores de la política nacional. Actos de esta naturaleza desnudan cómo los gobiernos de oposición, particularmente los emanados de Acción Nacional, continúan apostando por el beneplácito extranjero por encima de la coordinación federal, la legalidad constitucional y la dignidad de la república.
Resulta inadmisible e institucionalmente anómalo que un proyecto enfocado en la atención de delitos de fuero federal y delincuencia organizada se planee y geste de espaldas a los conductos oficiales de la seguridad nacional, marginando deliberadamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y obviando los mecanismos que establece la Ley de Seguridad Pública. Invitar al representante de una potencia extranjera para inaugurar centros de formación de seguridad interior, mientras se ignora al gabinete de seguridad del país, envía un mensaje inequívoco: para la derecha mexicana, las fronteras de la soberanía nacional se difuminan cuando se trata de buscar el cobijo y la validación de Washington.
Este episodio en Querétaro evoca los momentos más oscuros del entreguismo histórico nacional. Parece que las inercias ideológicas de gobiernos pasados —como el del empresario Vicente Fox, profundamente vinculado a los intereses corporativos estadounidenses, o el de Enrique Peña Nieto, arrodillado ante los poderes fácticos y financieros internacionales— siguen operando en la mentalidad de élites estatales que se sienten ajenas al proyecto de nación. Piensan y actúan como si fueran repúblicas independientes, dispuestas a rendirle tributo y pleitesía a los dictados extranjeros, repitiendo patrones vergonzosos donde se permite la intromisión de agencias y fuerzas extranjeras en territorio mexicano, tal como ha ocurrido en otras entidades del norte del país.
La intromisión diplomática y operativa de Estados Unidos en asuntos internos de seguridad socava los principios fundamentales de la diplomacia y el respeto mutuo. Lejos de abonar a una verdadera pacificación, este tipo de alianzas unilaterales buscan presionar, doblegar y fracturar la estrategia nacional de seguridad desde las trincheras estatales. La soberanía no se negocia ni se fracciona por caprichos partidistas; un gobernador debe entender que la seguridad nacional es un asunto de orden federal y de unidad republicana, no un escaparate para lucimiento personal ante embajadas extranjeras.
México no necesita gobernantes arrodillados que operen como gestores de intereses ajenos a los del pueblo, sino mandatarios con la dignidad suficiente para hacer valer las leyes mexicanas en todo el territorio. La soberanía nacional no es un discurso retórico, es la línea que separa a un país libre de una nación tutelada; y permitir que foreign powers diseñen o influyan en la capacitación policial local sin el aval riguroso del Estado mexicano es, sencillamente, una afrenta a la patria.