Por: Ulises M.
El sueño de una vivienda digna para miles de familias en el Estado de México se transformó esta semana en un amargo recorrido de desilusión, confusión y puertas cerradas. La promesa del programa Viviendas del Bienestar, anunciado a bombo y platillo por las autoridades, convocó a cientos —si no es que miles— de mexiquenses que llegaron con carpetas bajo el brazo desde municipios como Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán y Atizapán. Sin embargo, al llegar al módulo de atención en Cuautitlán Izcalli, la realidad los golpeó de frente: el acceso estaba restringido exclusivamente a residentes locales.
La falta de claridad que cuesta tiempo y esperanza
Imagínese usted, estimado lector, el esfuerzo que implica para una familia de escasos recursos cruzar prácticamente todo el Valle de México. Madrugar, invertir el poco dinero disponible en pasajes y hacer filas kilométricas con la ilusión de aspirar a un patrimonio, solo para ser rechazados en la mismísima entrada.
El problema de fondo no radica únicamente en la delimitación geográfica de los apoyos, sino en la pésima gestión de la información. En ningún medio oficial o campaña previa de difusión se aclaró de forma contundente que la sede de Cuautitlán Izcalli (al igual que la de Axapusco) atendería única y exclusivamente a la población empadronada en ese municipio. Esta omisión generó falsas expectativas a lo largo y ancho de la entidad mexiquense, transformando un acto gubernamental en un vía crucis para quienes más necesitan apoyo.
“La falta de transparencia en la comunicación convierte la esperanza social en un desgaste económico y emocional para las familias más vulnerables.”
¿Justicia social o criterio discrecional?
A la falta de claridad comunicativa se suma una paradoja preocupante observada en el lugar por los propios asistentes. Mientras ciudadanas y ciudadanos en clara situación de vulnerabilidad eran rechazados de inmediato por no presentar comprobantes de domicilio locales, se percibió la atención fluida a personas cuya condición socioeconómica no reflejaba la urgencia que el programa pretende atender.
Este escenario enciende las alarmas sobre el verdadero padrón de beneficiarios. Si los predios para estos desarrollos —como los ubicados en zonas como Tepojaco— son donados con el fin de saldar una deuda histórica de vivienda, ¿qué garantías existen de que los inmuebles lleguen a manos de quien realmente los necesita?
El riesgo de que surjan “vivales” que solo buscan acaparar propiedades para incrementar su patrimonio y lucrar con ellas mediante el arrendamiento es real. La vivienda social debe ser un derecho para quien carece de un techo, no un negocio rentable para especuladores.
Un llamado urgente a CONAVI y al Gobierno Municipal
Tanto la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) como la administración municipal encabezada por Daniel Serrano tienen la responsabilidad inmediata de corregir el rumbo:
- Filtros y padrones rigurosos: Se deben implementar estudios socioeconómicos transparentes e in situ que aseguren que los beneficiarios directos sean familias sin vivienda propia y en situación de NECESIDAD REAL; madres solteras.
- Mecanismos de candado antirrenta: Establecer reglas claras de ocupación que impidan que estas viviendas terminen en el mercado inmobiliario informal.
- Comunicación responsable y regionalizada: Informar con precisión, a través de canales masivos y sin ambigüedades, los requisitos de territorialidad de cada módulo antes de convocar a la ciudadanía.
La vivienda es un pilar fundamental para el bienestar, pero cuando la logística falla y la información se sesga, la política social pierde su esencia. Mexiquenses de todo el estado merecen respeto, claridad y, sobre todo, una oportunidad real para acceder a un hogar sin letras chiquitas.