Por Ulises M.
El 19 de septiembre de 1985 la tierra tembló en México con una magnitud de 8.1, devastando el centro de la capital y dejando una cicatriz imborrable en el paisaje urbano. Sin embargo, encasillar este acontecimiento como un mero fenómeno geológico es ignorar su dimensión más profunda: el sismo de 1985 fue, sobre todas las cosas, una sacudida política e institucional que terminó por fracturar el pacto social del régimen autoritario.
Aquel jueves por la mañana no solo cayeron edificios; cayó la máscara de un Estado paternalista, ineficiente y corroído por la corrupción. Tras los atropellos financieros y el despilfarro del sexenio de José López Portillo, la administración de Miguel de la Madrid encaró la catástrofe con pasividad, hermetismo y una evidente incapacidad operativa. Las construcciones colapsadas —muchas de ellas obras públicas recién entregadas o dependencias gubernamentales— revelaron la red de impunidad y negligencia en las normas de edificación. En ese momento, la Protección Civil era una entelequia inexistente; el ciudadano común habitaba en la intemperie institucional, abandonado a su suerte frente a la tragedia.
Ante el vacío de poder y la parálisis oficial, la sociedad civil tomó las calles. De los escombros no solo emergieron brigadas de rescate improvisadas con palas y manos desnudas; surgió una conciencia colectiva. La ciudadanía organizada creó asambleas de damnificados, comités vecinales y redes de solidaridad que desafiaron la tutela del gobierno. Los pobladores de la Ciudad de México abrieron los ojos: comprendieron que para sobrevivir no necesitaban al Estado corrupto, sino a la organización comunitaria.
Esta movilización ciudadana tuvo un impacto político inmediato y de largo alcance. El descontento acumulado y la evidencia del agotamiento del partido hegemónico gestaron una réplica dentro del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sectores críticos comprendieron que el modelo no daba para más, lo que derivó en la ruptura de la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Cárdenas, a pesar de haber sido un pilar dentro del sistema, encabezó la candidatura presidencial de 1988 y la subsecuente fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), marcando la irrupción de una izquierda con vocación institucional y masiva.
Aunque con el paso de los años aquel proyecto de izquierda sufrió desvíos y figuras que terminaron pactando con las viejas prácticas del régimen que prometieron combatir, el impulso democrático sembrado en 1985 nunca se extinguió. La réplica política del sismo tuvo un largo recorrido en la historia reciente, cuyo eco se extendió hasta las elecciones de 2018 con la llegada de la izquierda al poder ejecutivo federal y el inicio de un proceso de transformación nacional.
Hoy, a cuatro décadas de aquella tragedia, es evidente que el proyecto democratizador y de justicia social no se ha consolidado al 100%. Persisten asignaturas pendientes en materia institucional, transparencia y fortalecimiento comunitario. No obstante, una premisa permanece inamovible: es imposible articular la historia de la democracia en México sin pasar por el 19 de septiembre de 1985. Fue en las ruinas de ese sismo donde la sociedad descubrió la fuerza de la participación ciudadana y aprendió que el destino del país no le pertenece a un gobierno, sino a sus habitantes.