Por: El Ahuizote
El sistema educativo del Estado de México —el más grande y complejo del país— enfrenta una de sus peores crisis morales y estructurales. Lo que por décadas se rumoró en los pasillos escolares como un secreto a voces, hoy estalla en las manos de la justicia como una verdad innegable: la existencia de una red de corrupción dedicada a la venta de plazas y al cobijo de “parásitos” políticos.
El reciente descubrimiento de al menos 324 plazas docentes ficticias o “fantasmas” no es un hecho menor. No estamos hablando de un simple error contable, sino de un fraude sistemático y un abuso de autoridad institucionalizado. La captura de 12 funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Personal y del Subsistema de Educación Básica confirma que las aulas mexiquenses fueron utilizadas como moneda de cambio y botín político.
El brinco político y el desprecio a la USICAMM
Históricamente, el sistema educativo ha padecido una vieja herencia partidista donde aquellos que ya no encuentran cabida en la estructura del gobierno estatal, o cuyos proyectos políticos fracasaron, terminan refugiándose en el sector educativo. Se inventan puestos administrativos o, peor aún, se asignan plazas de maestros a personas cuya única credencial pedagógica es su lealtad a un padrino político o su capacidad económica para comprar el puesto.
Con estas acciones, los involucrados parecen pasarse por el arco del triunfo las normativas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), el organismo encargado de garantizar que los accesos a las plazas se den bajo criterios estrictos de legalidad, transparencia, mérito e igualdad. Mientras miles de docentes reales pasan años estudiando, preparándose y concursando bajo un sistema riguroso para ganar un espacio digno, la burocracia dorada los rebasa por la izquierda operando un mercado negro de plazas al por mayor.
Cuentas pendientes y la prueba de fuego para la 4T
Si bien la Fiscalía mexiquense ha dado pasos importantes al encarcelar a una docena de implicados, la red criminal aún no está desmantelada. Siguen las órdenes de aprehensión pendientes exdirectivos de alto perfil como Rodolfo “N” y Jaime “N”, así como mandos medios identificados como Areli “N” y Eduardo “N”. La captura de estos personajes es vital para entender las dimensiones reales del boquete financiero y el alcance de la complicidad.
Este escenario representa la prueba de fuego definitiva para la llamada Cuarta Transformación (4T) en el Estado de México. No basta con fortalecer la infraestructura educativa como lo ha venido haciendo de manera ejemplar la gobernadora Delfina Gómez; sino que se requiere una fiscalización profunda, una auditoría “con lupa” y con un genuino sentido social a toda la nómina educativa estatal. Limpiar el sector es una obligación urgente.
¿Quién paga el garlito?
Como ocurre en cada red de corrupción, los platos rotos nunca los pagan quienes operan el fraude. Los verdaderos afectados de este garlito son, en primer lugar, los estudiantes mexiquenses, condenados a recibir educación de perfiles improvisados; en segundo lugar, la ciudadanía cuyos impuestos financian salarios de aviadores; y en tercer lugar, los verdaderos maestros, aquellos que sí tienen vocación y que ven pisoteados sus derechos laborales ante la simulación de unos cuantos.
La educación en el Edomex no puede seguir siendo refugio de los desplazados de la política. El aula es un templo de aprendizaje, no un escondite burocrático. Es momento de que la justicia limpie el pizarrón.