Por Ulises M.
La llegada de septiembre y las festividades patronales en nuestros pueblos y barrios siempre han sido sinónimo de fe, comunidad y tradición. Sin embargo, en los últimos tiempos, acudir a una fiesta patronal se ha convertido en una ruleta rusa. Lo que debería ser un espacio de encuentro y gozo hoy genera terror: ya no se sabe de qué magnitud es el polvorín que se va a quemar ni qué tan cerca del peligro estamos parados. La fascinación por los fuegos artificiales está costando vidas, y esa es una factura que ninguna tradición justifica pagar.
Tragedias como las ocurridas recientemente en Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, o lo sucedido en Temascalcingo y otros municipios del Estado de México y del interior de la República, no son casualidades ni meros “accidentes de oficio”. Son el resultado directo del manejo negligente e inexperto de explosivos de alto poder en medio de la población civil. Detrás de las explosiones quedan familias destrozadas, sobrevivientes marcados de por vida por el trauma y comunidades enteras sumidas en la zozobra.
Es imperativo cuestionar el papel de las autoridades auxiliares, delegados y Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS). Estas instancias no pueden seguir viendo la pirotecnia como una atracción festiva para llenar sus agendas o, peor aún, como un negocio que retribuya a sus intereses particulares. Ser autoridad local implica asumir la responsabilidad de proteger a los vecinos. Los delegados conocen perfectamente lo que ocurre en sus barrios y deben actuar con ética, consciencia y estricto apego a la ley antes de autorizar la quema de cuetones y castillos.
Nadie pretende erradicar la cultura ni la riqueza de las tradiciones mexiquenses; la pirotecnia forma parte de nuestra identidad. Pero la cultura no puede existir sin una verdadera cultura de la protección civil. Resulta inadmisible e imperdonable que en estos eventos no haya ambulancias de retén, elementos de policía vigilando el perímetro ni un monitoreo real y previo de la cantidad de pólvora que se va a manipular.
El llamado es directo y urgente para los presidentes municipales: en los próximos cabildos y sesiones de ayuntamiento, este tema debe ponerse sobre la mesa con la gravedad que amerita. Es hora de regular con mano firme, fiscalizar los permisos, sancionar la negligencia e impartir capacitaciones obligatorias. Si no hay garantías de seguridad ni protocolos estrictos de protección civil, sencillamente no debe haber explosivos. Celebrar la vida y las tradiciones no puede seguir significando arriesgar la existencia de nuestra gente.