Por Ulises M.
CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) realizó un pago superior al millón de pesos por el uso del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. El evento se llevó a cabo el pasado 10 de junio como parte de la agenda cultural y de promoción vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A través de una tarjeta informativa publicada el 20 de junio, el organismo cultural detalló que la actividad congregó a más de 200 representantes internacionales del torneo —organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá— con el objetivo de proyectar el patrimonio histórico del país.
Según el INAH, el préstamo del recinto emblemático se otorgó bajo estricto apego a la normatividad vigente y se implementaron medidas específicas para garantizar la total conservación y protección de la infraestructura del inmueble.
A pesar de las aclaraciones del instituto, la realización de lo que se ha descrito como una “cena privada” generó un profundo rechazo dentro de la comunidad académica y científica. El historiador Felipe Echenique y el antropólogo Juan Manuel Sandoval solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación exhaustiva contra los funcionarios responsables de autorizar el evento.
Los denunciantes sostienen que la gala de la FIFA transgredió diversas leyes nacionales y vulneró el marco normativo que protege los bienes de la nación.
Argumento de la denuncia: Los especialistas afirman que el evento propició y auspició una transgresión al Estado de Derecho, contraviniendo de forma directa lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su respectivo Reglamento; así como la Ley Federal de Derechos.
La polémica abre nuevamente el debate sobre los límites en el uso comercial y corporativo de los recintos patrimoniales más importantes de México frente a las normativas de preservación y soberanía cultural. Hasta el momento, la FGR no ha notificado si procederá con la apertura de una carpeta de investigación.