Por: El Ahuizote
Los tiempos de la política mexicana han dado un vuelco definitivo. Hubo una época en la que la vida pública transcurría bajo la sombra del secreto y la complicidad; una era en la que las decisiones trascendentales se tomaban en lo oscurito y el principio de “aquí no pasa nada” era la regla de oro. Hoy, sin embargo, la legalidad y la rendición de cuentas se han convertido en exigencias ineludibles. En este nuevo escenario, llamar a cuentas a gobernantes —como ha ocurrido con el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos— no es un acto de persecución, sino una necesidad republicana indispensable para transparentar el ejercicio del poder.
La historia de México está profundamente marcada por su relación con el vecino del norte. Durante décadas, el ritual político dictaba que el primer viaje de un presidente electo debía ser a la Casa Blanca, una visita que muchos interpretaban como un acto de sumisión obligatoria para recibir el “visto bueno” del imperio a su gestión y a su gabinete. Eran los tiempos de mandatarios que cedían ante los amagues de Washington, a menudo paralizados por el temor a que se ventilaran sus propios actos de corrupción.
Esa dinámica de subordinación experimentó un cambio de rumbo con la administración de Andrés Manuel López Obrador y se ha consolidado bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La actual jefa del Ejecutivo ha demostrado firmeza al sortear los embates y amagues provenientes de Washington, respondiendo con una determinación que difícilmente se habría visto en los expresidentes de la historia reciente del país.
Por ello, resulta sumamente contradictorio que mientras el gobierno federal defiende la soberanía nacional frente a las presiones externas, desde el interior del país se presenten acciones que vulneran este esfuerzo. El caso de Chihuahua —donde se cuestionó la supuesta facilitación de operaciones a fuerzas extranjeras en territorio nacional sin el debido proceso de información y coordinación federal— enciende las alarmas sobre el respeto a los artículos 40 y 119 de nuestra Carta Magna, los cuales salvaguardan la soberanía y el pacto federal.
Pensar en la frontera norte y en la vulneración de la soberanía evoca de inmediato la figura de Benito Juárez, quien desde el paso del norte defendió con templanza la integridad patria; bajo esa perspectiva histórica, cualquier permisividad frente a injerencias extranjeras resulta indefendible. La gravedad de desatender estos preceptos constitucionales no es un asunto menor y justifica plenamente el debate y los cuestionamientos que se han desatado a nivel nacional.
Preguntarse qué intenciones o qué tipo de asesoría jurídica y política hay detrás de estas decisiones es una obligación ciudadana. Los integrantes de todas las fuerzas políticas, sin importar sus siglas, deberían ser los primeros y más rigurosos estudiosos de la historia de México, precisamente para evitar errores de juicio o situaciones en las que la falta de previsión constitucional los exponga ante la opinión pública.
Al final, cuando resonen los versos del Himno Nacional que advierten sobre el riesgo de que un extraño enemigo profane el suelo patrio, el recordatorio es vigente para todos los servidores públicos: la lealtad constitucional y el respeto a la soberanía no son conceptos negociables, sino el eje central de la legalidad que hoy debe regir la vida pública de la nación.