Por Fernando P.
La reciente renuncia del gobernador de Sinaloa y del presidente municipal de Culiacán ha sacudido el tablero político nacional, abriendo un debate que trasciende lo local para instalarse en el núcleo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Este suceso no puede leerse de manera aislada; es, en realidad, un síntoma de un panorama más amplio y complejo: el intervencionismo estadounidense y la necesidad de una respuesta soberana por parte de nuestro país.
Resulta evidente que nos encontramos ante una coyuntura donde los embates provenientes de la Casa Blanca buscan, en gran medida, capitalizar réditos políticos internos. Ante decisiones fallidas y crisis geopolíticas que han desgastado la imagen de la actual administración estadounidense, la presión hacia México se percibe a menudo como un mecanismo de distracción y una muestra de fuerza —cuestionable en su calidad moral— que intenta poner en cintura al gobierno mexicano, valiéndose más de su poderío militar y económico que de un respeto real a los principios del derecho internacional.
La historia reciente nos ha dado lecciones sobre las consecuencias de la injerencia sin coordinación. Casos como el de Chihuahua, donde la apertura sin filtro a agencias extranjeras derivó en operativos fallidos, contrastan con la narrativa que hoy se construye en Sinaloa. Mientras algunos sectores de la oposición han sido señalados por una supuesta claudicación de la soberanía nacional al favorecer agendas externas, la renuncia de los funcionarios en Sinaloa a sus cargos y, por ende, a su fuero, puede interpretarse como una jugada de transparencia para enfrentar cualquier acusación de frente.
Aquí radica el punto crucial: si existen acusaciones, que se presenten con pruebas irrefutables y se tramiten mediante los canales legales correspondientes, no a través de la presión mediática o política que busca socavar la diplomacia mexicana. Estamos en una etapa donde la administración federal ha logrado desplazar los modelos de gobiernos serviles, dejando a Washington con menos margen para dictar la agenda nacional a su antojo. Esta nueva realidad ha incomodado a quienes estaban acostumbrados a una relación de subordinación.
Es momento de que el curso de la nación se mantenga firme hacia adelante. La próxima etapa de la administración de Morena bajo el liderazgo de Ariadna Montiel, enfrenta el desafío de blindar el proceso político que tenga candidaturas probas ante injerencias externas que buscan convertir la justicia en un espectáculo. Los partidos políticos deben ser exigentes para no proteger a nadie.
No es cosa menor que vengan estos embates del Loco de la Casa Blaca, quien deseperadamente busca ganar popularidad ante sus fallidas decisiones como la guerra contra Irán, el secuestro de Nicolas Maduro y sus amagues por invadir Cuba; ahora con México quiere encender la mecha; pero, con qué calidad moral se atreven a querer poner en cintura al gobierno mexicano, pues con el derecho que le da su poderío militar; en efecto, pero de ahí en fuera nada.
El caso de la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua es claro, mientras el gobierno de Maru Campos abrió la puerta a esta agencia sin informar al gobierno federal sobre los operativos antidrogas que resultó un fiasco; una gobernadora, de extracción panista que traiciona a la patria y que desaira al Senado de la República; situación diferente que ocurre con Rubén Rocha que pide licenca y con ello su fuero; al igual que el alcalde de Culiacán; buena jugada para que quede claro que no es Cabeza de Vaca o el Ricky Riquín Canallín.
Si hay deudas con la justicia, que se proceda conforme a la ley, pero sin olvidar que la patria no se negocia ni se entrega a intereses extranjeros. Aquellos que, bajo el amparo de un discurso falso de amor a México, se escudan en curules y fueros mientras buscan aliados fuera de nuestras fronteras, están perdiendo el pulso de una sociedad que exige soberanía, rigor jurídico y, sobre todo, dignidad nacional. Las aguas, tarde o temprano, pondrán a cada quien en su lugar.