Por Fernando P.
La tensión política en torno al agua en México escaló este lunes a un nuevo nivel, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lanzara un señalamiento directo contra el diputado priista Mario Calzada Mercado y su familia, acusándolos de presunto uso indebido de una concesión hídrica en el estado de Querétaro.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal expuso lo que calificó como un caso emblemático de desigualdad en el acceso al agua. Según explicó, la familia del legislador contaba con permisos otorgados para uso agrícola —los cuales, por ley, no generan pago de derechos ante la Comisión Nacional del Agua—, pero en la práctica, afirmó, el recurso era desviado a fines distintos.
“Se oponen a la ley argumentando que el agua es del pueblo, pero en realidad estaban haciendo uso privado de ese recurso”, declaró Sheinbaum con firmeza, subrayando la contradicción entre el discurso político y las acciones señaladas.
La presidenta detalló que el agua concesionada habría sido utilizada para abastecer una zona residencial de alto nivel, incluso con instalaciones recreativas como un campo de polo, además de presuntamente comercializarse mediante pipas. Todo esto, señaló, mientras comunidades cercanas enfrentaban escasez del vital líquido.
El caso no solo ha generado polémica por el presunto aprovechamiento irregular del recurso, sino también por el trasfondo político: Partido Revolucionario Institucional ha sido uno de los principales opositores a la reforma en materia de agua impulsada por el gobierno federal.
Sheinbaum reveló que la concesión ya fue retirada a la familia Calzada y que las instalaciones fueron clausuradas en dos ocasiones. En el primer intento de sanción, explicó, los implicados recurrieron a un amparo para evitar las medidas.
Este episodio se suma al creciente debate nacional sobre la gestión del agua, un tema crítico en diversas regiones del país. Paralelamente, comunidades indígenas han promovido múltiples recursos legales contra la reforma, denunciando falta de consulta previa, lo que añade otra capa de complejidad al escenario.
La confrontación abre interrogantes sobre el uso de concesiones, la equidad en el acceso al agua y la relación entre intereses políticos y recursos naturales en México, en un momento donde la crisis hídrica exige decisiones urgentes y transparentes.