CIUDAD DE MÉXICO – Tras el reciente rechazo de su propuesta de reforma electoral constitucional en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de un “Plan B” legislativo. Esta nueva ofensiva busca reducir lo que la mandataria califica como “presupuestos desproporcionados” en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los congresos estatales.
Durante sus conferencias de prensa recientes (marzo de 2026), Sheinbaum ha endurecido su postura contra la estructura de costos del sistema electoral actual, centrando su discurso en la austeridad republicana.
Los ejes del recorte: INE y Congresos locales
La presidenta fue enfática al señalar que el costo de la democracia en México sigue siendo excesivo, apuntando directamente a las percepciones de los altos mandos electorales y la operatividad de los estados.
“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE y tampoco con que los congresos estatales tengan presupuestos tan desproporcionados”, sentenció Sheinbaum.
Los puntos clave de la propuesta incluyen:
- Ajuste salarial en el INE: Se busca que ningún consejero gane más que la Presidenta, eliminando bonos y prestaciones adicionales.
- Tope a Congresos y Ayuntamientos: El Plan B pretende fijar límites máximos a los presupuestos de las legislaturas locales y reducir el número de regidores en los municipios.
- Bolsa de ahorro: La administración estima captar cerca de 4,000 millones de pesos. A diferencia de otras reformas, Sheinbaum aseguró que estos recursos se quedarían en los estados y municipios para obras de bacheo, drenaje y alumbrado público.
Un camino sin aliados garantizados
A pesar del amplio respaldo popular que mantiene (72% según encuestas recientes), el panorama legislativo para el Plan B luce complejo. La reforma constitucional original naufragó debido a la falta de apoyo de los aliados históricos de Morena: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), quienes han mostrado reservas ante cambios que puedan comprometer su financiamiento o estructura.
El Plan B, al ser una reforma a leyes secundarias, requiere solo de una mayoría simple para ser aprobado. Sin embargo, sectores de la oposición y expertos ya advierten sobre posibles acciones de inconstitucionalidad si la reforma invade facultades estatales o vulnera la autonomía de los organismos electorales.
Lo que sigue
Se espera que la iniciativa sea enviada formalmente al Congreso este lunes 16 de marzo. La presidenta ha dejado claro que, más allá de la batalla legislativa, el objetivo es exponer ante la ciudadanía quiénes se oponen a la reducción de privilegios