El Ahuizote.
La justicia federal ha hablado, y su voz fue unánime y contundente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de exhibir al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), revocando su fallo previo y confirmando lo que ya era un secreto a voces: en Cuautitlán Izcalli, la administración municipal sí incurrió en omisiones y sí obstruyó las funciones de una representante popular.
Este no es un triunfo menor, ni una simple corrección legal. Es un golpe directo al autoritarismo y un precedente vital contra el abuso de poder. La denuncia de la sexta regidora, Valentina Loa, ha sido validada. La justicia le dio la razón.
Lo que este fallo confirma es grave: negar información pública, ocultar contratos, esconder adquisiciones y bloquear sistemáticamente el trabajo de fiscalización de una regidora no solo es un acto de soberbia política; es una flagrante violación a la ley y, como la propia funcionaria ha señalado, es un caldo de cultivo para la corrupción. ¿De cuando acá un director de área tiene más poder qué un regidor o regidora?
Cuando un gobierno le teme a la transparencia, algo tiene que ocultar. La Sala del TEPJF ha ordenado al tribunal mexiquense emitir una nueva resolución, pero esta vez cimentada en la legalidad y la rendición de cuentas, valores que, al parecer, algunos intentaron torcer para encubrir su miedo a ser fiscalizados.
Lo más revelador de este episodio no es solo la batalla legal, sino la estrategia política empleada por el poder municipal. Cuando la regidora Loa, de extracción morenista, comenzó a cuestionar el manejo de los dineros del ayuntamiento, la respuesta no fue entregarle las carpetas y los contratos, como marca la ley. La respuesta fue el golpeteo.
De pronto, en una táctica que recuerda dolorosamente a las campañas más sucias de la vieja política, quien pide cuentas es señalado como el enemigo. A la regidora de Morena ahora la acusan de “panista”; sin embargo, no impota la forma sino el fondo; pues no se trata de partidos sino de justicia, de transparencia y legalidad.
Esta estrategia es tan burda como desesperada. Es el mismo manual que se usó en 2006, cuando se intentó vender la idea de que “López Obrador era un peligro para México”. Cuando no puedes debatir los hechos —en este caso, la opacidad en los egresos—, atacas y difamas a la persona que pregunta. Se trata de callar la voz de la representación popular a cualquier costo.
Este episodio, que representa un revés rotundo para la administración que encabeza Daniel Serrano, debe encender todas las alarmas ciudadanas. La pregunta es obligada y escalofriante: si esto le hacen a una regidora electa, que tiene un cargo y las herramientas legales para defenderse, ¿qué le espera a un ciudadano común que se atreva a solicitar información?
Si a una funcionaria le niegan el acceso a contratos y se le obstruye su labor, ¿qué posibilidad tiene el pueblo de Cuautitlán Izcalli de saber en qué se gasta cada peso de sus impuestos?
La lucha de Valentina Loa por su dignidad como regidora es, en el fondo, la lucha por la dignidad de todos los ciudadanos. El resolutivo del TEPJF es un tanque de oxígeno para la transparencia. Demuestra que, aunque la opacidad intente ganar terreno y el poder municipal busque silenciar a sus críticos, la justicia siempre termina hablando más fuerte.