El Ahuizote
En un acto que busca trazar una línea indeleble entre el poder que sirve y el poder que se sirve, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante su Segundo Informe de Gobierno, lanzó una advertencia que resuena con particular urgencia en el complejo panorama político mexiquense: “No se nos vaya a ocurrir subirnos en el ‘tabiquito’ porque yo veo que algunos tienen un puestecito y ya se empiezan a creer muchísimo”. Este llamado a la humildad, acompañado de una petición directa a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de corrupción, pone de manifiesto una realidad ineludible: la profunda desconexión entre el proyecto de gobierno estatal y el actuar de ciertos funcionarios municipales que parecen haber construido su propio feudo sobre cimientos de opacidad y abuso.
El discurso de la gobernadora, pronunciado en su tierra natal, Texcoco, no es una mera formalidad retórica. Es el reconocimiento de un descontento que bulle en numerosos municipios del Valle de México y más allá. Las marchas, las manifestaciones y las denuncias ciudadanas no son, como algunos quisieran hacer ver, simples argucias de la oposición. Son el termómetro de una ciudadanía harta de la falta de respuestas a demandas tan básicas por parte de algunos presidentes municipales que le han quedado deber la seguridad, el abastecimiento de agua potable, un sistema de drenaje funcional que evite inundaciones, alumbrado público eficiente y calles transitables a los ciudadnos. Problemas que, lejos de ser atendidos, se han convertido en el pan de cada día para millones de mexiquenses.
El llamado de la gobernadora es un atinado mensaje que le debe retumbar a la falta de sintonía de algunos alcaldes con los principios de honestidad, transparencia, unidad, legalidad; una línea que la gobernadora Delfina Gómez busca permear; pues el empoderamiento de quienes ven en su cargo una licencia para la impunidad y la violencia debe ser nulo ante los hechos que se han sucitado últimamente en el Estado como la alarmante vinculación de funcionarios públicos con redes criminales dedicadas al despojo de inmuebles. Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han puesto al descubierto la complicidad de servidores públicos municipales y estatales, así como de notarios, en tramas de despojo operadas por grupos de choque disfrazados de “sindicatos”. Estas organizaciones, amparadas en la violencia y en la corrupción de quienes deberían impartir justicia, han arrebatado a ciudadanos su patrimonio, evidenciando una fractura ética y legal en el corazón de algunas administraciones locales.
El llamado de la gobernadora Delfina Gómez a denunciar la corrupción, incluso si se utiliza su nombre, es un paso valiente y necesario, pero requiere de un eco contundente tanto en la ciudadanía como en las instituciones. No basta con el discurso; es imperativo que las palabras se traduzcan en acciones firmes y ejemplares contra aquellos funcionarios que, subidos en su “ladrillo”, han olvidado que el poder que ostentan es temporal y su única justificación es el servicio al pueblo.
La coherencia entre el decir y el hacer, el sentido de honestidad que debe regir cada decisión y la transparencia en el manejo de cada peso del erario público no son opciones, sino obligaciones ineludibles. El Estado de México se encuentra en una encrucijada: o se consolida un modelo de gobierno donde prime el interés colectivo y la rendición de cuentas, o se permite que la arrogancia y la corrupción de unos pocos continúen socavando la esperanza de un futuro más justo y seguro para todos. La ciudadanía ha recibido la invitación a ser vigilante y a denunciar; ahora, la pelota está en la cancha de las instituciones para demostrar que nadie, sin importar el cargo, está por encima de la ley.