Por El Ahuizote
Cuando hablamos de economía, generalmente pensamos en inflación, tasas de interés, inversión extranjera y cifras macroeconómicas que parecen ajenas a la vida diaria. Sin embargo, el verdadero termómetro económico está en los hogares, en la cotidianidad de quienes salen cada semana a comprar lo necesario para sobrevivir. Y en ese terreno, los mercados sobre ruedas —o tianguis— juegan un papel clave.
A lo largo y ancho del país, y particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, estos espacios forman parte del tejido social y económico que alimenta a millones de familias. No son solo una tradición: son una necesidad. Frutas, verduras, carne, abarrotes… todo a precios más accesibles que en muchos supermercados. Pero detrás de esa aparente ventaja, existe una realidad que ha sido completamente ignorada por las autoridades: el abuso en las básculas.
Un ejemplo claro ocurre cada sábado en la Unidad Niños Héroes, en Cuautitlán Izcalli. Lugar donde algunas familias compran y denuncian ante este medio la mala fe de quienes les venden productos de la canasta básica, que confiando en los comerciantes compran un kilo de fruta o verdura pesado por su báscula, pero resultan que al final les venden 750 gramos. Y cuando compran dos kilos, la merma puede alcanzar medio kilo o más. En pocas palabras son kilos que no son de a kilo. Este problema no es exclusivo de un solo punto; es un patrón que se repite en decenas de tianguis, donde la verificación de básculas simplemente no existe.
Y aquí es donde entra la responsabilidad de los tres niveles de gobierno. La Secretaría de Economía, tanto federal como estatal, así como las direcciones de desarrollo económico y del trabajo a nivel municipal, deben dejar de ver la economía únicamente desde el escritorio. La defensa del bolsillo familiar no se limita a controlar la inflación o atraer inversión; también implica garantizar que, al comprar, se reciba lo justo.
No se trata de satanizar a los tianguistas. La mayoría son personas trabajadoras que recorren distancias con mercancía a cuestas para sostener a sus propias familias. Pero como en todo sector, hay quienes abusan de la confianza del consumidor, aprovechando la falta de vigilancia.
Por ello, urge que los municipios, junto con el gobierno del Estado de México, diseñen e implementen estrategias serias de regulación y supervisión, comenzando con la verificación periódica de básculas, la capacitación en prácticas comerciales justas y la aplicación de sanciones a quienes incurran en engaños.
Permitir que se cobre por un kilo lo que en realidad es menos no es un “mal menor”: es un robo cotidiano avalado por la inacción de las autoridades. No basta con cobrar cuotas para permitir que estos tianguis se instalen; ese pago no exime de la obligación de garantizar un comercio justo y regulado.
Los hogares mexiquenses merecen respeto. Merecen saber que, cuando salen a buscar el mejor precio, no están siendo víctimas de un sistema que los castiga por confiar. Si queremos una economía fuerte, empecemos por proteger al consumidor desde lo más básico: el derecho a recibir lo que paga.