Por Fernando P.
El estallido de violencia en la planta llantera Tornel, en Tultitlán, no es solo un reporte policial de madrugada; es una regresión dolorosa a una época que creíamos superada. Las ráfagas de fuego y los heridos en la avenida López Portillo nos obligan a preguntarnos: ¿Realmente se han ido las prácticas de los “rompehuelgas” o solo estaban hibernando a la espera de un descuido institucional?
El eco de los “Años Maravillosos” del charrismo
Para entender el peso de lo ocurrido en Tornel, hay que tener memoria. Tultitlán fue, durante décadas, el feudo de las grandes llanteras. En aquellos años, figuras como el desaparecido Sergio Pérez Tovar no solo mandaban en las líneas de producción de Goodyear Oxo y Tornel, sino que tenían el poder de “ungir” a los próximos presidentes municipales. Era un ecosistema donde el sindicato era el brazo político y el control se mantenía a base de lealtades corporativas o, en el peor de los casos, mediante la fuerza bruta.
Imposible olvidar el nombre de Wallace de la Mancha, cuya sola mención evocaba la figura del “golpeador” profesional al servicio de intereses opacos. Hoy, ambos personajes han salido de la escena por causas naturales, pero los métodos que emplearon —el grupo de choque, la piedra y la bala para disolver la protesta laboral— parecen haber resurgido este miércoles en las puertas de Tornel.
La deuda de la 4T con el trabajador mexiquense
En el discurso oficial, tanto la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la Gobernadora Delfina Gómez, han sido enfáticas: la bandera de la “Cuarta Transformación” es la justicia social y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, cuando un grupo de choque irrumpe con armas de fuego en una movilización laboral, la narrativa choca frontalmente con la realidad.
Si estas prácticas persisten en un tiempo donde el derecho al trabajo está más reglamentado que nunca, el mensaje que se envía a la sociedad es peligroso: la institucionalidad corre el riesgo de ser un adorno.
El papel de la Secretaría del Trabajo: ¿Garantes o espectadores?
Tultitlán y el Estado de México son el corazón industrial del país. La actividad aquí es fundamental y el esquema de “ganar-ganar” entre empresarios y trabajadores debería ser la prioridad en una democracia moderna. No obstante, para que ese equilibrio exista, la Secretaría del Trabajo, tanto a nivel estatal como federal, debe dejar de ser una oficina de trámites y convertirse en un garante real de justicia.
No se puede permitir que la violencia sea el mecanismo de resolución de conflictos sindicales. La impunidad en el caso Tornel sería una señal de debilidad institucional que los viejos vicios del sindicalismo —esos que nunca se fueron del todo— sabrán aprovechar.
La sociedad demanda garantías. Los trabajadores de la zona industrial de Tultitlán no solo piden mejores condiciones; exigen que el Estado cumpla su promesa de seguridad. Si el “bien de todos” es la consigna, este ataque no debe quedar en el olvido de una carpeta de investigación más. Es hora de demostrar que en el Estado de México la ley pesa más que un grupo de choque y que los fantasmas de los rompehuelgas finalmente han sido desterrados.