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Redacción.
Toluca, Estado de México, a 7 de agosto de 2025.- La bancada de Morena en el Congreso del Estado de México busca agotar el diálogo con las autoridades estatales para consolidar una reforma de ley que tipifique el robo de agua, conocido como “huachicoleo”, como un delito grave. La propuesta contempla un significativo endurecimiento de las penas, estableciendo sanciones que irían de los 20 a los 30 años de prisión para quienes incurran en esta práctica ilícita.

La iniciativa, liderada por la diputada local morenista Zaira Cedillo Silva, tiene como principal objetivo hacer justicia a más del 40% de las familias mexiquenses que ven mermado su acceso al recurso hídrico debido a la extracción y comercialización ilegal. Asimismo, se busca blindar la histórica inversión que el gobierno federal destinará a la modernización de la infraestructura hídrica en la zona Oriente de la entidad, para evitar que sea aprovechada por grupos delincuenciales.
“No podemos permitir que, mientras se realizan esfuerzos monumentales para garantizar el abasto de agua a la población, la delincuencia organizada se beneficie del recurso que le pertenece a la gente”, señaló la diputada Cedillo Silva. “El huachicoleo del agua es un crimen que atenta directamente contra el bienestar y la economía de miles de familias, y debe ser castigado con toda la fuerza de la ley”.
En una reciente entrevista, la legisladora reconoció que el dictamen de la propuesta, presentado desde julio, ha requerido de un análisis profundo y un proceso de socialización extendido. Explicó que la bancada de Morena está comprometida con la construcción de un consenso amplio con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, así como con la incorporación de las perspectivas y opiniones de las autoridades de seguridad y justicia del estado.
Un dato alarmante que impulsa esta reforma es la impunidad que ha prevalecido en torno a este delito. La diputada Cedillo Silva lamentó que, de un total de 37 carpetas de investigación iniciadas por huachicoleo de agua, ninguna ha sido judicializada hasta la fecha. “Esta situación es inaceptable. Los responsables de este saqueo deben enfrentar consecuencias severas, no fianzas mínimas que les permitan continuar con sus actividades ilícitas”, enfatizó.
La propuesta de reforma no solo busca incrementar las penas de cárcel, sino también establecer multas económicas disuasorias y mecanismos más eficaces para la persecución del delito. Con ello, Morena y sus aliados en el poder legislativo esperan poner un freno definitivo al robo de agua y garantizar que este recurso vital llegue a quienes legítimamente les corresponde. Se espera que en las próximas semanas continúen las mesas de trabajo para finalizar los detalles del dictamen y presentarlo ante el pleno para su votación.