El Ahuizote.
El reciente anuncio del “Operativo Caudal” para mitigar la histórica reducción de agua del Sistema Cutzamala en el Valle de México atiende la emergencia. La crisis hídrica que azota a millones de mexiquenses no se debe únicamente a la sequía o a los bajos niveles de las presas; se debe, en gran medida, al acaparamiento deliberado, a la poca creatividad administrativa y a un modelo de negocio perverso que prioriza la venta de pipas sobre el derecho humano al agua.
La escasez se ha convertido en la excusa perfecta. Mientras se pide “cuidar el agua”, la realidad es que el suministro se maneja “a cuenta gotas”, no por falta de líquido, sino por gestiones municipales encarriladas en recaudar sin saber las necesidades de agua; pues no es lo mismo ver lo pagos de agua en las computadoras y en las arcas que en las tuberias de los ciudadanos.
La omisión de los reguladores
Es aquí donde la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la CONAGUA deben ejercer su responsabilidad y regular las prácticas de los organismos operadores autónomos. Estos organismos, empoderados con la facultad de manejar el agua, han hecho y deshecho a su antojo. Han permitido, por acción u omisión, que el suministro por tubería colapse, creando artificialmente la necesidad de soluciones “alternativas” que benefician a unos pocos a teravés de las pipas.
El verdadero nudo del problema es que a muchos ayuntamientos parece no interesarles que el agua llegue por la red. Es más, pareciera que prefieren activamente que el agua se venda en pipas.
El argumento es siempre el mismo: “la gente no paga el servicio”. Con ese pretexto, se justifica el abandono de la infraestructura hidráulica y se abre la puerta al verdadero negocio. En lugar de reparar fugas, modernizar la red e incentivar a que se pague el suministro; se van por lo más fácil que es fomentar un mercado donde el abuso es extremo.
El ciudadano queda atrapado:
- Paga por un servicio que no recibe: Es bien sabido que los recibos llegan puntualmente, haya o no suministro.
- Debe comprar pipas: Al no tener alternativa, la población debe pagar costos exorbitantes por pipas para llenar sus tambos o cisternas.
Ejemplos sobran. En Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y gran parte del territorio del Valle de México, el escenario es idéntico. Vemos colonias enteras que viven cerca de pozos de agua, pero paradójicamente no cuentan con el servicio. Es la zona cero para el “pipa-negocio”. Las pipas no descansan; van y vienen en un desfile constante que evidencia el fracaso de gobiernos locales.
Se ha normalizado lo absurdo: la zona metropolitana es el único lugar donde se paga el servicio de agua sin haberla. Lo importante para la autoridad local es recaudar, no suministrar.
Agua: Derecho humano, no mercancía
Ante este panorama, el “Operativo Caudal” representa la ayuda para el que carece agua; por ello, el gobierno federal ni estatal no puede, ni debe, sucumbir ante los bloqueos o las presiones de grupos que lucran con la necesidad; a pesar que en algunos casos se ven afectados por su forma de vivir; pero en otros, que son mayoría echan mano a la oportunidad de acaparar, ordeñar,sustraer, robar y vender agua de las tuberias donde pasa el agua. Solo en dicho operativo que inició el 24 de octubre se han clausurado de al menos 51 pozos y 138 tomas clandestinas en 48 municipios mexiquenses.
Es imperativo que el Estado recupere su imagen y su función como regulador de los recursos vitales. No se trata solo de administrar la escasez, sino de combatir dichas prácticas; por ello, los gobiernos deben regular de forma estricta las formas de suministrar el vital líquido, garantizando que llegue por la red y no por la llanta de una pipa. El agua es un derecho humano fundamental, no un bien económico con el que se puede jugar y especular. Es hora de que el poder del Estado se imponga sobre los intereses de grupos que quieren apoderarse de su distribución.