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El Ahuizote
En el Estado de México, como en muchas otras zonas urbanas, la preocupación por la seguridad ha llevado a algunos residentes a cerrar calles con rejas o portones. Si bien la intención de proteger a las familias es comprensible, esta práctica, a menudo ilegal, genera una serie de problemas significativos que afectan a toda la comunidad y contradicen el propósito mismo de la planificación urbana.

El caso de Cuautitlán Izcalli y lo que se ha visto como la recuperación de calles y espacios genera molestias, incertidumbre y conflcitos entre gobierno local y ciudadanía; por un lado la población busca seguridad, algo que muchas autoridades no comprenden pues no es lo mismo ser una figura pública que un ciudadano común; esto obliga dejar de lado a la narrativa de que todos somos iguales, pero no todos tienen la misma posibilidad de protegerse ante los asaltos.
Una cosa es que tengas una patrulla las 24/7 en tu casa resguardando a tus seres queridos y otra que un ciudadano a pie se encuentre en indefensión porque no ve la acción inmediata de la vigilancia municipal, algo que ocurre todos los días o como se dice desde tiempo atrás: “La policía siempre en vigilia”. Por ello es importante que la seguridad sea primordial en Cuautitlán Izcalli; prueba de ello, es que durante el primer trimestre de 2025 la percepción de inseguridad en es que Cuautitlán Izcalli se mantuvo alta; aunque con una ligera disminución según el INEGI. La encuesta ENSU del INEGI registró una disminución de 1.3 puntos porcentuales, pasando de 84.5% en diciembre de 2024 a 83.2% en marzo del presente año. Sin embargo, el municipio sigue figurando entre los que mayor preocupación generan a nivel nacional en términos de seguridad.

Por lo anteror, el gobierno municipal que encabeza Daniel Serrano debe tener muy en claro que la prioridad es la seguridad, sin hacer aun lado la necesidad de mejorar las vialdiades, disminuir la carencia de agua y la organización de las colonias para una mejor participación ciudadana con la finalidad de no caer en conflictos que moralmente desaniman a la población como lo ha sido el retiro de rejas y plumas que restringen el acceso a calles por temor a los asaltos; lo anterior obliga al gobierno local a ser implacables en materia de seguridad; más cuando se les quita una protección que más allá de ser legal o no, es un síntoma del temor, de la desconfianza y la incapacidad de los gobiernos para brindar un derecho humano como lo es la seguridad pública.

En este sentido no se trata solo ser normativo sino de responder a las necesidades más fundamentales para la población, poque en Cuautitlán Izcalli han pasado de todos tipo de gobiernos y personajes; dede priístas, panistas y morenistas; es decir, no es un problema de un solo partido ni del pasado, sino de quienes le han quitado la tranquilidad a la población por las omisiones e incapacidad para resolver los problemas de los ciudadanos que claman por tener mayor seguridad y certidumbre en las calles sin que sean fragmetadas porque ello afecta al:
Acceso y Movilidad
El cierre de calles restringe la libre circulación de vehículos y peatones, lo que puede tener consecuencias graves. En situaciones de emergencia, como incendios o problemas de salud, las ambulancias, bomberos y patrullas pueden ver su acceso vitalmente retrasado, poniendo en riesgo vidas y propiedades. Además, la fragmentación del tejido urbano al obligar a los conductores a tomar rutas más largas y congestionadas no solo aumenta los tiempos de traslado, sino que también incrementa el tráfico en las vías principales y eleva el consumo de combustible y la emisión de contaminantes.
Servicios Públicos
Las rejas también complican la operación de los servicios públicos esenciales. La recolección de basura, el mantenimiento de la red de agua potable, el alcantarillado, la iluminación pública y la poda de árboles se vuelven tareas más difíciles y costosas para los municipios cuando el acceso está limitado. Esto se traduce en una menor eficiencia y, en última instancia, en un detrimento de la calidad de vida para todos los habitantes.
Cohesión Social y Espacio Público
Las calles son por definición espacios públicos que fomentan la interacción y la cohesión social. Cerrarlas crea barreras físicas y psicológicas entre vecinos y comunidades, erosionando el sentido de pertenencia y generando una percepción de exclusión. En lugar de promover la seguridad, puede fomentar una mayor inseguridad al crear “zonas grises” menos visibles y transitadas, y al desalentar la vigilancia comunitaria informal que surge de la interacción diaria.
Legalidad y Marco Normativo
Es importante recordar que el cierre de calles sin la debida autorización es, en la mayoría de los casos, ilegal. Las autoridades municipales son las encargadas de garantizar el derecho al libre tránsito y la correcta gestión del espacio público. La proliferación de calles cerradas sienta un precedente peligroso, alentando la apropiación indebida de bienes comunes y la desobediencia de las normativas.
En conclusión, si bien la búsqueda de seguridad es una prioridad legítima, la solución no reside en fragmentar nuestras ciudades. Es fundamental que el Estado de México promueva alternativas que fortalezcan la seguridad a través de la inversión en infraestructura, el aumento de la vigilancia, la mejora de la iluminación pública y el fomento de la organización vecinal dentro del marco legal. Solo así podremos construir comunidades más seguras, conectadas y funcionales para todos.