El Ahuizote.
Para los miles de servidores públicos del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) debería ser un pilar de certeza, el garante de su salud, su patrimonio y su retiro. Sin embargo, hoy se ha convertido en un gigante enfermo, un coloso con pies de barro que se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones, afectando directamente a quienes sostiene: sus derechohabientes.
La crisis del ISSEMyM no es un secreto, es una realidad que miles de familias padecen a diario. La manifestación más cruda y dolorosa es el desabasto de medicamentos. Ir a una consulta se ha transformado en el inicio de un calvario. La receta médica, que debería ser la solución, es solo el primer paso de una odisea. La frase “de seis medicamentos que le recetaron, solo le podemos dar tres” se ha vuelto un estribillo desolador en las farmacias del instituto. Esto obliga a los trabajadores y a sus familias a desembolsar de su propio bolsillo, buscando en farmacias privadas los insumos que por derecho les corresponden, anulando en la práctica el propósito mismo de la seguridad social.
Esta deficiencia es aún más indignante cuando se analiza la estructura financiera del instituto. El ISSEMyM ostenta el penoso título de ser el sistema de salud más caro del país en cuanto a las cuotas que cobra a sus afiliados. Un trabajador estatal mexiquense aporta un porcentaje mayor de su salario en comparación con sus homólogos del IMSS o el ISSSTE. ¿La paradoja? Pagar más por recibir menos. Las cuotas son excesivas y dispares, mientras que la calidad del servicio se encuentra en caída libre.
La raíz del problema es una profunda crisis financiera, alimentada por una deuda histórica que otras instituciones públicas tienen con el propio ISSEMyM. Solo en el primer semestre de 2023, esta deuda superaba los 5 mil millones de pesos. Aunque se han anunciado esfuerzos de recuperación, la realidad es que el instituto opera con un déficit estructural que le impide cumplir con sus obligaciones más básicas, como pagar a tiempo a sus proveedores de medicamentos, material de curación e insumos, perpetuando así el ciclo de escasez.
Pero el impacto de esta mala gestión trasciende los consultorios. La inestabilidad financiera ha mutilado otras prestaciones fundamentales, como el acceso a créditos para vivienda. El sueño de construir un patrimonio, una de las grandes promesas del servicio público, se desvanece ante la incapacidad del instituto para financiarlo.
A esta crisis de servicios y finanzas se suma una alarmante barrera de opacidad y exclusión. En un intento por modernizarse, el ISSEMyM ha implementado sistemas como la gestión de citas mediante códigos QR. Si bien la digitalización es necesaria, su aplicación sin alternativas ha creado una brecha digital que excluye a una parte importante de sus usuarios, especialmente a los adultos mayores o a quienes no tienen fácil acceso a la tecnología. Un sistema de salud no puede permitirse ser exclusivo.
La falta de transparencia es igualmente preocupante. Los trabajadores denuncian una total desinformación sobre el manejo de sus recursos. Preguntas tan básicas como “¿dónde puedo consultar el estado de mi fondo de capitalización individual?” quedan sin respuesta por parte de las oficinas gubernamentales, generando una justificada desconfianza. El dinero que los trabajadores aportan mes con mes parece desaparecer en un agujero negro administrativo.
El ISSEMyM se encuentra en una encrucijada crítica. No es solo una institución en problemas; es el reflejo de un sistema que le ha fallado a sus servidores públicos. Los derechohabientes están atrapados: pagan cuotas de primer nivel por un servicio deficiente que pone en riesgo su salud y su estabilidad económica.
Es imperativo exigir una reestructuración profunda, auditorías transparentes que revelen el destino de cada peso y un plan de saneamiento financiero que obligue a las instituciones deudoras a cumplir con sus responsabilidades. Se necesita una gestión que modernice sin excluir, que informe con claridad y que, por encima de todo, ponga al trabajador y su bienestar en el centro de todas sus decisiones.
Rescatar al ISSEMyM no es solo una obligación financiera; es un acto de justicia social para con quienes dedican su vida al servicio del Estado de México. De lo contrario, este coloso, que debería ser refugio y fortaleza, terminará por derrumbarse sobre las personas a las que juró proteger; más no a quienes lo han saqueado y que debe ser llamados a rendir cuentas, pues esta crisis no es de ahora sino de tiempo atrás; que tiene nombre y apellido, es ahí donde la gobernadora Delfina Gómez debe echar mano de sus mejor gente para darle oxígeno a esta institución como a otras que aun siguen estando en manos de quienes han provocado estén en situación de terpia intensiva muchas otros dependencias; porque como alguna vez dijo AMLO: “Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”; porque a pesar de asignar el Presupuesto de Egresos del Paquete Fiscal 2025 de 26 mil 123 millones 7 mil 854 pesos como monto de pago a las pensiones, cifra muy similar a la de 2024. Mientras que para su operación se asignó 44 mil 030 millones 254 mil 775 pesos. Sigue tando en terapia intensiva.