Por El Ahuizote
Lo que sucedió entre los munícipes de Cuautitlán y Teoloyucan; Juana Carrillo Luna y Luis Domingo Zenteno Santaella; no fue una simple disputa administrativa; fue el estallido de un síntoma, la manifestación más peligrosa de una enfermedad crónica que padece el Estado de México: la indefinición territorial. Ver a policías municipales desenfundando armas de fuego y la clausura forzada de un centro de distribución por un conflicto limítrofe es un foco rojo parpadeante que nos advierte del abismo al que nos asomamos.
Este inadmisible episodio de violencia y confrontación es la consecuencia directa de la inacción y, peor aún, de la provocación. Cuando las autoridades, que deberían ser garantes de la paz, optan por la fuerza en lugar del diálogo, envían un mensaje terrible a la ciudadanía: que los problemas se resuelven con imposiciones y no con acuerdos. Este es el caldo de cultivo perfecto para que la disputa escale de los despachos de gobierno a las calles, a un enfrentamiento entre ciudadanos que se sienten de un bando o del otro. ¿Es esa la “guerra civil” en miniatura que queremos heredar?
Un Problema Histórico con Consecuencias Humanas
No podemos ser ingenuos. El conflicto entre Cuautitlán y Teoloyucan no es un caso aislado. Es la punta de un iceberg de disputas territoriales que involucran también a Tultepec y Melchor Ocampo, entre otros. La herida es vieja. Aquella noción histórica de que “después del Distrito Federal, todo era Cuautitlán” se desvaneció con la necesaria creación de nuevos municipios como Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, las cicatrices de esa división, los límites ambiguos y las fronteras trazadas con negligencia, siguen supurando décadas después.
Mientras los políticos se enfrascan en medir su poder, los verdaderos afectados son los ciudadanos. Hay familias enteras en una especie de limbo burocrático. Los vecinos de Santa Elena, por ejemplo, viven en la incertidumbre de no saber si son de Tultepec o de Cuautitlán. ¿A quién le pagan el predial? ¿Qué patrulla debe responder a un llamado de emergencia? ¿Quién es responsable de reparar una fuga de agua? Esta ambigüedad no es solo un problema en un mapa, es una violación diaria al derecho de los ciudadanos a la certeza jurídica y al acceso a servicios públicos básicos.
La Responsabilidad Ineludible: Diálogo y Definición
La tentación del aplauso fácil y la defensa visceral de un “territorio” pueden ser políticamente rentables a corto plazo, pero son actos de una profunda irresponsabilidad. Los presidentes municipales deben entender que su mandato es temporal. Ellos se van en tres años, pero le dejan “el paquete” completo y el rencor sembrado a la población que gobiernan. La verdadera altura de un gobernante no se mide en su capacidad para la confrontación, sino en su habilidad para construir soluciones duraderas.
Es aquí donde la cordura debe imponerse. Es urgente y absolutamente necesario instalar mesas de trabajo serias y permanentes entre los ediles involucrados. Pero el diálogo local no es suficiente cuando las pasiones ya se han desbordado.
El gobierno del Estado de México y el Congreso local, a través de su Comisión de Límites Territoriales, tienen la obligación constitucional y moral de intervenir de manera inmediata y decisiva. No pueden seguir siendo espectadores de cómo se deteriora la convivencia en sus municipios. Se requiere una resolución técnica, legal y definitiva que establezca, de una vez por todas, dónde empieza un municipio y dónde termina el otro.
Lo que está en juego es mucho más que la recaudación de un CEDIS. Está en juego la paz social, la gobernabilidad y el futuro de una región densamente poblada y compleja. O apagamos este fuego con la razón y la ley, o nos arriesgamos a que las fronteras de nuestros municipios se sigan dibujando con pólvora.