Por: Fernando P.
Pagar impuestos es, por definición, una de las responsabilidades civiles más pesadas, pero también la más fundamental para el funcionamiento de cualquier ciudad. En Cuautitlán Izcalli, el pago del agua representa no solo un ingreso vital para la infraestructura, sino el contrato directo entre el ciudadano y su gobierno. Sin embargo, lo que debería ser un trámite eficiente y respetuoso, se ha convertido en un escenario de fricción que pone en entredicho el esfuerzo de la actual administración.
El maltrato como política de atención
Recientemente, en las oficinas de Operagua, se fue testigo de una escena que ilustra la desconexión total de algunos servidores públicos con la realidad social. Ante el cuestionamiento legítimo de una usuaria sobre la escasez del suministro, la respuesta de la cajera no fue técnica ni empática, sino una burla disfrazada de soberbia: “Sí hay agua, ni que fuera otro municipio”.
Este tipo de respuestas son inadmisibles. El ciudadano no acude a las ventanillas a recibir sarcasmo, sino soluciones o, al menos, información veraz. Minimizar la carencia del líquido comparándose con los problemas ajenos no solo es mediocre, sino insultante para quien cumple con su obligación fiscal a pesar de abrir la llave y encontrar aire.
Recargos prematuros: ¿Eficacia o voracidad?
Aunado al mal trato, surge una incongruencia administrativa que raya en lo absurdo: el intento de cobrar recargos correspondientes al año 2026, cuando el calendario apenas marca el inicio del ciclo. ¿Cómo se puede ser moroso de un futuro que no ha ocurrido?
Mientras el Gobierno Estatal y Municipal envían documentos exhortando a la ciudadanía a verificar sus adeudos —presumiendo una “eficacia burocrática” moderna—, la realidad al llegar a la caja es un retroceso. El contraste es doloroso: por un lado, una campaña institucional de orden y, por el otro, un sistema que castiga al contribuyente antes de tiempo.
¿Fuego amigo o falta de capacitación?
El alcalde Daniel Serrano ha manifestado su intención de enderezar el rumbo de Cuautitlán Izcalli. No obstante, parece que el mensaje de transformación no ha bajado a todos los niveles de la estructura municipal. Un mal servicio no solo deja mal a la cajera en turno; daña directamente la imagen del alcalde y de su administración.
En política no existen las casualidades. No sería extraño pensar que, dentro del mismo ayuntamiento, existan elementos que busquen sabotear la percepción ciudadana mediante el mal servicio. Por ello, es fundamental y urgente:
- Capacitación humana: Recordarles a los empleados que se les olvidó que su salario proviene de esos mismos ciudadanos que hoy maltratan.
- Auditoría de procesos: Revisar por qué se están generando cobros de recargos improcedentes que solo generan desconfianza.
- Supervisión directa: La calidez y el decoro deben ser la regla, no la excepción.
Conclusión
El izcallense es cumplido y busca que su municipio mejore. Lo mínimo que merece a cambio es un trato digno. Confiamos en que Daniel Serrano tomará las medidas pertinentes para que Operagua deje de ser un punto de conflicto y se convierta en un referente de la amabilidad y eficacia que su gobierno prometió. Al final del día, el servicio público es, ante todo, servicio.