Por el Ahuizote
El nombre de Israel Vallarta resuena como un eco persistente de la injusticia. Más de 18 años en prisión sin una sentencia no es solo un fallo garrafal del sistema judicial mexicano; es la consecuencia directa y palpable de uno de los actos más viles de manipulación mediática y abuso de poder en nuestra historia reciente. El caso Vallarta es el espejo roto en el que se reflejan las peores prácticas de una triada tóxica: las fuerzas de seguridad, los grandes consorcios de medios de comunicación y los periodistas que canjearon la ética por el rating.
No podemos seguir tratando este asunto con tibieza. Es hora de llamar a las cosas por su nombre y exigir una rendición de cuentas que ha sido postergada por demasiado tiempo. El montaje de la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez en 2005 no fue un error, fue un crimen fabricado para la televisión. Y los responsables tienen nombres y apellidos.
La Responsabilidad Ineludible de los Medios y sus Figuras
Es imposible, y hasta insultante para la inteligencia del público, creer que un periodista de la talla de Carlos Loret de Mola, en la cúspide de su influencia en Televisa, no se percatara de que estaba presenciando una farsa. Las propias declaraciones de Vallarta, lo acusa de saber que la transmisión de 2005 era un montaje y de burlarse durante el proceso. Por lo anterior, esto no es periodismo, sino la dirección de escena de un teledrama cruel, con una persona real cuyo destino se sellaba en vivo y en directo.
Por ello, es imperativo que Carlos Loret de Mola, así como los directivos de noticias de Televisa y TV Azteca de aquella época, sean citados de nueva cuenta a declarar. Su participación, ya sea por acción directa o por una complicidad pasiva y conveniente, debe ser investigada por las autoridades jurídicas. No pueden escudarse en la libertad de prensa cuando lo que se ejerció fue la libertad de calumniar y de participar activamente en la construcción de un delito para satisfacer una agenda de “mano dura” que vendía muy bien en pantalla.
La población no puede estar a expensas de que la realidad sea un guion escrito por quienes buscan sembrar el terror mediático. Cuando un medio de comunicación se presta a validar un montaje orquestado por la policía, como la entonces AFI de Genaro García Luna, deja de ser un contrapeso del poder para convertirse en su principal herramienta de propaganda.
El Cáncer Sistémico: Poder, Dinero y Concesiones
Este caso desnuda una verdad incómoda que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en repetidas ocasiones: la relación simbiótica y perversa entre el poder político y los medios, aceitada con millonarios contratos de comunicación social. El silencio o la complicidad se compran, y la verdad se supedita a los intereses económicos y políticos.
Aquí es donde entra en juego un elemento fundamental: las concesiones del espectro radioeléctrico. Las frecuencias que utilizan Televisa, TV Azteca y otras radiodifusoras no son de su propiedad; son un bien de la nación, un recurso público que se les otorga con la condición de cumplir una función de interés social. ¿Qué interés social hay en fabricar culpables y engañar a la población?
El gobierno de México tiene la obligación de revisar a fondo estas concesiones. No como un acto de censura, sino como un acto de soberanía y responsabilidad. Se debe evaluar si los concesionarios están cumpliendo con los principios éticos y de responsabilidad que juraron respetar. Si su labor consiste en crear montajes que destruyen vidas y erosionan la confianza en las instituciones, entonces no están cumpliendo su parte del trato con la nación.
Un Llamado a la Justicia Real
El daño moral y la vida robada a Israel Vallarta son irreparables. Sus 18 años tras las rejas sin sentencia son un monumento a la incompetencia y corrupción de nuestro sistema judicial y de seguridad. Sin embargo, lo que sí podemos y debemos hacer es sanar el tejido social, y eso solo se logra con justicia.
Que se juzgue a los responsables. Que los jefes policiales de ese tiempo, los directivos de medios y los periodistas que se prestaron al circo mediático enfrenten las consecuencias de sus actos. No se trata de una venganza, sino de sentar un precedente claro: en México, nunca más se debe permitir que la fabricación de un delito se convierta en un espectáculo televisivo. Nunca más la vida de una persona puede ser el costo de una “exclusiva”.
La justicia para Vallarta es la justicia para una sociedad harta de ser manipulada. Es el primer paso para empezar a creer que, quizás, la verdad sí puede y debe tener un lugar en la pantalla.