El Ahuizote.
El Diagnóstico sobre la Percepción de la Corrupción 2024, emitido por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), no revela nada nuevo, pero confirma la peor de nuestras sospechas: estamos estancados en el lodo. Que siete de cada 10 mexiquenses (71.4%) vean la corrupción como un fenómeno “muy extendido” no es solo una estadística; es el eco de millones de voces hartas.
Pero el dato más contundente, el que duele en el bolsillo y en la dignidad, es que los ayuntamientos son percibidos como el epicentro del problema, con un aplastante 76% de desconfianza ciudadana. Este número no es abstracto. Tiene rostro, uniforme y patrulla.
El informe señala que, junto a las dependencias estatales (68%), las corporaciones policiales (66%) son las que generan mayor recelo. Y aquí es donde la estadística se topa con la cruda realidad de las calles del Estado de México: la policía de tránsito.
Seamos claros: en la percepción popular, las direcciones de seguridad pública y tránsito de los municipios conurbados no son vistas como entidades de servicio, sino como el principal “botín” político de algunos alcaldes en turno. Son la caja chica, el pago de cuotas a “cuates” y, peor aún, la herramienta para recuperar la inversión de campaña.
El diagnóstico lo confirma: 53% de la población cree que para agilizar un trámite (o evitar un problema) es necesario ofrecer dinero. En el asfalto, esto se traduce en una extorsión sistemática.
Cualquier conductor que circule por el Periférico Norte, a la altura de Tlalnepantla, o por las avenidas principales de Naucalpan, Atizapán, Ecatepec, Cuutitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Atizapán lo sabe. Las unidades de tránsito no están ahí para dar fluidez vehicular; están para “cazar”. Su objetivo principal son los autos con placas foráneas, el conductor nervioso o cualquiera que parezca un blanco fácil.
No se levantan infracciones; se detiene al ciudadano para negociar la “mordida”. Los oficiales no parecen tener otra forma de hacer valer la ley más que a través de la extorsión. Mientras las vialidades colapsan en horas pico, ellos “pasean”, listos para hacer de las suyas.
Este problema no empieza con el oficial que estira la mano. Empieza en el palacio municipal.
La figura del Director de Seguridad Pública y Tránsito es, lamentablemente, casi siempre un cercano al presidente municipal. Su verdadero encargo no es la seguridad, sino garantizar el flujo de “moches” que generan “sus muchachos” al frente del mando. El 48% de la gente que cree que las sanciones son inexistentes o ineficaces tiene razón: la verdadera sanción se paga en efectivo y sin recibo.
Lo más frustrante es la simplicidad de la solución. ¿Por qué el ciudadano tiene que entregar su licencia o tarjeta de circulación como rehén, para luego tener que ir a oficinas que parecen coleccionar documentos a la espera de un rescate?
Sería tan sencillo como implementar un sistema donde el oficial (que, dicho sea de paso, muchas veces apenas tiene la educación básica) simplemente extienda un ticket de multa. Un sistema digitalizado donde, si el conductor no paga la infracción, esta aparezca ligada al pago del predio o del agua. Si no pagas la multa, no puedes pagar tus servicios, y eso sí genera recargos legales.
Pero al parecer, a ningún presidente municipal le interesa modernizar. En algunos casos prefieren monetizar para sus bolsillos. El alcalde o alcaldesa es el amo y señor del ayuntamiento, y todo pasa por sus manos; a pesar de que muchas veces han suspendido las multas; de nueva cuenta las reanudan; de igual forma cuando dicen que solo mujeres pueden multar, siempre van acompañadas de un oficial de seguridad pública; que es el que maneja la unidad vehicular o la motocicleta.
Estos cuerpos de tránsito, en su estado actual, no le sirven a la sociedad. Solo la laceran. Su trabajo debería ser reportar semáforos descompuestos, baches, y dar vialidad segura en las horas pico. No ser maniquíes estacionados en la sombra, esperando a su próxima víctima.
El gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez, junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial estatal, tiene la obligación de poner un alto. Pero la solución real y la voluntad política deben nacer en los municipios. Tienen el mal y tienen la cura. La pregunta es si preferirán seguir administrando el botín o empezar, por fin, a servir al ciudadano.