El Ahuizote
Detrás de cada estadística de abasto de medicamentos, detrás de cada contrato gubernamental y de cada cifra porcentual, hay un paciente. Una persona cuya salud, y en muchos casos, cuya vida, depende de que una caja de medicina llegue a tiempo a la farmacia de un hospital. Por eso, las recientes denuncias del gobierno federal sobre el incumplimiento sistemático de empresas farmacéuticas no son solo una falta administrativa, sino una grave afrenta contra la salud pública y un intolerable juego con la vida de los mexicanos.
El Rostro del Incumplimiento
Las declaraciones del director del ISSSTE, Martí Batres, y de otros funcionarios, ponen nombres y apellidos a un problema que hasta ahora se sentía como una falla anónima del sistema. Empresas como Amarax, Pharma, Nova Infancia, Criofarma, Biointegral Servicios y Serral, entre otras, han sido señaladas por incumplir sus compromisos de entrega de manera alarmante, llegando en un caso al 100% de lo pactado.
Aunque el director del ISSSTE asegura que el abasto general ronda un loable 97%, ese 3% restante no es un número abstracto. Representa tratamientos oncológicos, medicamentos especializados y materiales de curación que no llegan a quienes más los necesitan. Es la angustia de una familia que busca un fármaco para el cáncer de su hijo; es la incertidumbre de un paciente crónico que ve interrumpido su tratamiento. El problema no es el promedio, sino el fallo crítico en áreas sensibles.
La Voracidad como Motor del Desabasto
La evidencia presentada sugiere que no estamos ante simples problemas de logística o ineficiencia. Todo apunta a una estrategia motivada por la voracidad económica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar la posibilidad de que el desabasto sea deliberado, una táctica de presión para manipular precios mediante la colusión entre los pocos proveedores existentes.
Los ejemplos son indignantes y reveladores. Un medicamento que, mediante una subasta inversa, pasa de costar veinte mil a cuatro mil pesos, evidencia un margen de ganancia obsceno que se nutre de la necesidad y del erario público. Otro fármaco, la Leomicina, que de un día para otro se pretende vender a un precio siete veces mayor, no es una fluctuación de mercado; es una extorsión. Cuando las autoridades de salud detectan que se impulsan medicamentos más caros sin una justificación médica clara, se confirma que el objetivo de algunos no es curar, sino lucrar sin escrúpulos.
Cero Tolerancia: Sanciones Firmes y Ejemplares
Ante este panorama, la postura del gobierno debe ser inflexible. La advertencia de la presidenta Sheinbaum es el camino correcto: las empresas que no cumplan con sus contratos a finales de este mes deben ser inhabilitadas de forma permanente para venderle al gobierno. No caben las prórrogas ni las segundas oportunidades cuando hay vidas en juego.
Más allá de la sanción administrativa, la investigación de COFEPRIS y la amenaza de sanciones penales son herramientas cruciales. Si se comprueba que empresas se pusieron de acuerdo para generar un desabasto artificial y elevar precios, no estamos hablando de una falta comercial, sino de un acto criminal que atenta directamente contra la salud de la población.
El censo nacional de niños con cáncer es un paso humanitario fundamental para gestionar la crisis, pero la solución de raíz es cortar de tajo la capacidad de estas empresas para incumplir impunemente. La salud de los mexicanos no puede, ni debe, ser una variable en la ecuación de ganancias de ninguna corporación. Un contrato para proveer medicamentos es más que un acuerdo comercial; es un pacto con la vida. Es hora de que quienes lo rompen enfrenten las consecuencias.