El Ahuizote
Los pasillos de un bachillerato deberían ser un semillero de ideas, un refugio para el debate y el descubrimiento. El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), pilar del sistema de educación media superior de la UNAM, fue concebido precisamente para eso: para formar jóvenes con pensamiento crítico, habilidades para la vida y valores sólidos. Sin embargo, una ola de violencia brutal y constante amenaza con desmoronar este proyecto educativo, convirtiendo lo que debería ser un santuario del saber en una inaceptable zona de riesgo.
Una Herida Abierta y Sangrante
Los hechos hablan con una elocuencia escalofriante que ya no podemos ignorar. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón de violencia que se ha normalizado peligrosamente. En septiembre de 2025, la comunidad del CCH Sur quedó desgarrada cuando un alumno le arrebató la vida a otro a puñaladas, hiriendo también a un trabajador en su intento de fuga. Apenas en marzo de 2025, un profesor del CCH Naucalpan fue apuñalado por un estudiante, un acto que dinamita la relación más fundamental del proceso educativo.
Si la violencia interna no fuera suficiente, fuerzas externas también han sembrado el caos. En octubre de 2023, el CCH Azcapotzalco fue vandalizado por encapuchados que, armados con bombas molotov, no dudaron en quemar el edificio de la Dirección. Y cómo olvidar la plaga endémica del porrismo, ese cáncer que resurge una y otra vez. En mayo de 2024, un enfrentamiento entre estos grupos en las inmediaciones del CCH Naucalpan culminó con la muerte de un joven estudiante de la FES Acatlán.
Cada uno de estos eventos es una traición a la promesa de la educación pública. Una traición a los estudiantes que buscan un futuro, a los padres que confían en la institución y a la sociedad entera que financia estos centros educativos con la esperanza de que forjen a las próximas generaciones de ciudadanos, no de víctimas.
Autonomía no es Complicidad
Ante esta crisis, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. A menudo, el concepto de autonomía universitaria se esgrime como un escudo, pero la autonomía no puede ni debe ser un sinónimo de impunidad o un pretexto para la inacción. Estos planteles, aunque autónomos en su cátedra y gestión, son espacios públicos mantenidos con el erario de toda la nación. Tienen la obligación ineludible de garantizar la seguridad e integridad de cada persona que cruza sus puertas.
La persistencia de grupos porriles, los ataques coordinados y la creciente inseguridad sugieren, en el mejor de los casos, una grave negligencia y, en el peor, una alarmante complicidad. ¿Cómo es posible que grupos violentos operen con tal libertad dentro y fuera de los planteles? ¿Por qué las medidas de seguridad son tan fácilmente vulneradas? ¿Quién se hace responsable cuando la violencia estalla?
¡Que Alguien les Ponga un Alto!
La filosofía del CCH, que busca “aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser”, se vuelve una burla en un entorno donde la principal lección es aprender a sobrevivir. No se puede fomentar el conocimiento racional en un clima de miedo. No se pueden inculcar valores cívicos donde reina la ley del más fuerte.
Es hora de exigir un ¡BASTA! contundente. No más comunicados tibios ni mesas de diálogo que no llegan a nada. Se necesitan mecanismos más efectivos y comprometidos. Esto implica una coordinación real con las autoridades de seguridad de la ciudad, estrategias de inteligencia para desarticular a los grupos porriles desde su raíz, protocolos de seguridad claros y funcionales dentro de los planteles, y, sobre todo, cero tolerancia y consecuencias reales para quienes perpetran y solapan esta violencia.
Rescatar a los CCH de esta espiral de violencia es una obligación moral y una necesidad estratégica para nuestro país. La deuda es con los jóvenes, con su derecho a una educación segura y de calidad. El tiempo de las excusas se acabó; es el momento de la acción.