Redacción.
PHOENIX, ARIZONA. — En un golpe directo a las estructuras logísticas del crimen organizado, agencias federales de Estados Unidos anunciaron el desmantelamiento de una vasta red dedicada al contrabando de armamento hacia México. La investigación, que se extendió durante dos años, culminó con la presentación de cargos criminales en contra de 28 personas bajo el marco de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).
Según reveló un acta de acusación formal que contempla 158 cargos —devuelta por un gran jurado federal en Phoenix el pasado 21 de julio de 2026—, el núcleo de la organización operaba desde el estado de Arizona y estaba encabezado por Fernando Daniel Castro, residente de esta ciudad.
El modus operandi: Compradores paja en la frontera sur
Las investigaciones señalan que la red utilizaba un esquema sistemático de reclutamiento de intermediarios o “compradores paja” (straw purchasers). Estas personas adquirían ilegalmente armas de fuego en establecimientos autorizados en territorio estadounidense, burlando los controles de verificación para posteriormente coordinar el traslado clandestino del armamento a través de la frontera sur hacia organizaciones criminales operando en México.
| Claves de la operación | Detalles de la investigación |
| Tiempo de investigación | 2 años |
| Coordinación institucional | Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) |
| Cargos presentados | 158 cargos criminales |
| Personas acusadas | 28 presuntos integrantes |
| Líder identificado | Fernando Daniel Castro (residente de Phoenix) |
| Origen y destino | Arizona (EE. UU.) hacia organizaciones criminales en México |
Cerco judicial contra el tráfico transfronterizo
La operación conjunta representa uno de los esfuerzos coordinados más significativos entre agencias de aplicación de la ley estadounidenses para frenar el flujo de pertrechos hacia el crimen organizado en México, flagelo que alimenta la violencia en la región fronteriza.
Los 28 imputados enfrentan cargos federales que incluyen conspiración, tráfico ilícito de armas de fuego y falsedad en declaraciones para la adquisición de armamento, por lo que podrían encarar sentencias de varias décadas en prisiones federales. Las autoridades estadounidenses no descartaron arrestos adicionales conforme avancen las diligencias del caso.