Los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzaron oficialmente sus funciones con un esquema salarial reducido, alineado con el principio de austeridad promovido por el Gobierno de México y en estricto cumplimiento con el tope constitucional, que establece que ningún servidor público puede ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
Según información publicada en el portal oficial de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz percibirá un salario mensual neto de 137 mil 582 pesos, significativamente menor a los 206 mil pesos que se asignaban en administraciones anteriores. Esta cifra se encuentra por debajo de los 138 mil 878 pesos netos mensuales que percibe actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La ministra Lenia Batres Guadarrama mantiene un ingreso aún más bajo, de 128 mil 992 pesos mensuales, debido a que desde su llegada al máximo tribunal en 2024, decidió devolver parte de su salario a la Tesorería de la Federación, en coherencia con su compromiso de no rebasar el ingreso que en su momento tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Batres también renunció a beneficios como la tarjeta de alimentos, el seguro de gastos médicos mayores y otras prestaciones.
Junto con Aguilar y Batres, otros cinco ministros han transparentado sus ingresos bajo estos nuevos parámetros: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. Se espera que en los próximos días también den a conocer sus percepciones los ministros Irving Espinosa Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García.
Durante su primer mensaje como presidente del Alto Tribunal, el pasado 1 de septiembre, Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad institucional que permitirá un ahorro estimado de 300 millones de pesos anuales. Además, señaló que se impulsará la resolución de los juicios promovidos por funcionarios del Poder Judicial para garantizar que ningún integrante del sistema judicial perciba más que la presidenta de la República, lo que representaría un ahorro adicional de 800 millones de pesos al año.
Con estas acciones, la Suprema Corte busca fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos y contribuir a una política de Estado más austera y responsable.